En la última votación se pretendía establecer unas distancias de seguridad de 250 metros a agroturismos, núcleos rurales y explotaciones agrarias prioritarias, y de 150 metros a caseríos. Unas separaciones que, según el colectivo de cazadores "acabarían con la práctica cinegética en los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa"
Sin embargo, el trabajo realizado por Adecap y las federaciones de caza, ha inclinado finalmente la balanza para el lado del colectivo. Y es que, si bien hace pocas semanas las noticias respecto a un pacto parlamentario que daba la espalda al colectivo de cazadores tenían eco en diversos medios de comunicación, "el trabajo de los representantes de los cazadores ha dado sus frutos y una amplia mayoría parlamentaria ha considerado las enmiendas referentes a las distancias de seguridad acordadas por el sector", apuntaban desde Adecap.
Fuentes del sector reconocían a este periódico que aunque "hemos dejado pelos en la gatera no hay que buscar ni vencedores ni vencidos. Ha habido consenso y racionalidad y las medidas de seguridad son suficientes". De hecho, la decisión fue adoptada en una reunión de la Comisión de Agricultura y Pesca, en el último trámite antes de la votación definitiva de la ley.
Los parlamentarios de PNV, PP y PSE dieron su visto bueno a una distancia de seguridad de 100 metros a construcciones habitables (chalets, caseríos, bordas,…) y de 200 metros a poblaciones, núcleos rurales, explotaciones agrarias prioritarias y agroturismos para la práctica de la caza menor con escopeta. "Si se practica la caza mayor con munición metálica la distancia siempre será de 200 metros tanto a construcciones habitables como al resto de zonas de seguridad", describían desde Adecap.
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