Aunque ha descendido el número de cazadores, y los precios han caído entre un 30% y un 50%, el sector aún mueve cerca de 5.500 millones anuales.
Por un puesto en una montería de alto nivel se pueden llegar a pagar 6.000 euros. A esto hay que sumarle desplazamientos, hoteles, ropa, armamento, veterinario, taxidermista....De esta forma, un día de caza exclusivo puede costar hasta 14.000 euros. Todo ello sin tener en cuenta el precio de la licencia -una para cada comunidad autónoma-, que son unos 20 euros; permiso de armas, 100 euros; seguro de responsabilidad civil, 25 euros. Eso sí, según afirma José Luis Garrido, responsable de Estudios de la Real Federación Española de Caza (RFEC), «las monterías caras se han reducido casi un 40% desde 2008». Por eso también las hay más baratas, y por 200 euros puede lograrse un puesto. Las grandes diferencias entre unas y otras radican en la calidad de las piezas a abatir y la seguridad de que existan esos animales en el coto de caza en cuestión.
Según los últimos datos cerrados de los que dispone la RFEC, en cuatro años (de 2004 a 2007, inclusive), el sector ha pasado de mover 2.230 millones de euros al año a alcanzar los 6.000 millones, mientras que en 2008 y 2009 apenas se habría llegado a los 5.500 millones, según distintas estimaciones. Sin embargo, la difícil coyuntura económica ha afectado a todos los ámbitos y actividades económicas, y la caza no se queda fuera. Por eso, Marta Gómez, de la Asociación Armera, afirma que «hay una bajada muy fuerte de ventas en el mercado nacional, de un 50% para la caza mayor y un 30% para la menor». Pese a esto, la facturación anual por venta de armas todavía ronda los 250 millones de euros.
Con la vista ya en el inicio veraniego de la próxima temporada de caza, en la Federación afirman que «hay menos cazadores porque no existe relevo generacional y desde hace años se ha producido un gran éxodo rural a las ciudades, dejando a un lado las actividades tradicionales del campo. Sin embargo, se caza más. Es un colectivo más activo que se desplaza más dentro y fuera del país». Santiago Ballesteros, secretario de la RFEC, ve esta actividad en nuestro país como «plural, transversal y heterogénea». «En España hay mucha tradición cazadora, con un mercado de todas las clases sociales», apunta.
La actividad cinegética en España mueve un gran volumen de dinero al año. Los trabajos derivados de la caza ofrecen más de 50.000 jornales por temporada, amén de los puestos indirectos que de forma eventual se pueden conseguir. Según el último Anuario de Estadística Forestal, de 2007, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en ese año se capturaron un total de 15.918.772 piezas, que supusieron unos ingresos de 79 millones de euros.
España, coto de caza
Además de contar con una rica fauna, el 80% de la superficie en España es técnicamente coto de caza. Los datos del Observatorio Cinegético de la RFEC, de octubre de 2010, cifran en 33.000 el número de zonas vedadas en las que se puede cazar. Para hacer algunos cálculos: un coto en el norte de Madrid de 1.500 hectáreas, con seis guardeses que lo mantengan, supone un gasto cercano a los 300.000 euros al año. A esto hay que incluirle el mantenimiento de cinco coches y el pago de los servicios forestales. Los animales, unas 500 piezas entre ciervos y muflones, sin olvidar otros 200 jabalíes, suponen un gasto próximo a los 42.000 euros para poder alimentarlos.
Desde el sector se defiende la práctica de la caza como medio para controlar la sobrepoblación de animales, que destruyen cultivos y crean cierta inseguridad en caminos y carreteras. Desde el Observatorio concluyen que la caza anual de 300.000 reses y más de 20 millones de piezas de caza menor han dado lugar a un importante sector, como es el cinegético, que hace posible una agricultura rentable generando un servicio ambiental.
Nuevas restricciones
Pero el proyecto para la reforma de la Ley de Armas, propuesto por el Ministerio de Interior en diciembre de 2010, ha levantado ampollas entre los cazadores. El nuevo reglamento contiene varios puntos donde los aficionados a la caza encuentran la imposición de más trabas a una actividad ya de por si excesivamente reglada.
Así, Ballesteros alega que ciertas partes del texto deben ser reelaboradas. Sobre todo, «es importante destacar la nueva obligación legal que se impone para escopetas y rifles semiautomáticos, que deberán ser readaptados, con un coste no menor a 200 euros por pieza, lo que supone 140 millones de euros en el cómputo global de todas las armas de este tipo en curso, casi el 70% de las que se usan en la actualidad». Además, añade, se quiere suprimir las subastas de armas, «aunque tengan un gran arraigo y su desaparición limita las opciones de los cazadores con menos medios».
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