Para luchar contra la muerte de especies protegidas pero también para acabar con el envenenamiento accidental de vacas, ovejas o cabras. Anualmente, el campo extremeño recoge decenas de animales que han muerto debido a la colocación de cebos envenenados, un recurso que se suele utilizan para acabar con depredadores pero que como es natural no distingue entre animales. Cualquiera de los que se acerca a comer de ellos puede morir de manera inmediata. A partir de septiembre, el Gobierno extremeño contará con tres perros adiestrados como los de la Guardia Civil y un guía especializado como singular equipo antiveneno, que 'patrullará' tanto por espacios protegidos públicos como por fincas particulares.
La medida forma parte de la Estrategia Extremeña de Lucha contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados en el medio natural, que ayer recibió la aprobación de la Comisión de Seguimiento de Ecotoxicología de Extremadura, en la que están representados, además de la Junta, el Seprona de la Guardia Civil, las fiscalías ambientales, el sector cinegético y la Universidad de Extremadura.
Los canes están ahora en un centro especializado de Lugo, en su fase de adiestramiento, que abarca unos seis meses. Son tres perros machos, de raza pastor belga malinois, similares a los que utiliza la Benemérita para la búsqueda de drogas y personas enterradas o escondidas. De hecho se han adquirido en marzo en el mismo criadero en el que la Guardia Civil los compra. Durante un par de meses, los perros tienen otro trabajo: adaptarse a su adiestrador.
Ese equipo se encargará de rastrear especialmente las zonas protegidas donde se han detectado más venenos en el medio natural en los últimos años, pero también se buscará en otros espacios como fincas privadas. Aquí, el rastreo que harán los perros y su guía se hará siempre en compañía de algún agente del medio natural de la Dirección General del Medio Natural o de agentes de la Guardia Civil.
Daños
Según datos ofrecidos por la Junta, el año pasado fallecieron 48 animales, de ellos 27 buitres leonados, 5 negros y 3 alimoches, a causa del envenenamiento a través de esos cebos, mientras que la media de muertes de los últimos cinco años ronda los 30 ejemplares.
«Con un gran número de especies protegidas, resulta necesaria la lucha contra este tipo de prácticas, ya que pueden acabar con especies que se encuentran en grave peligro de extinción y que son de un valor incalculable para la conservación de la biodiversidad», resume Guillermo Crespo, director general del Medio Natural de la Junta, a la hora de justificar la puesta en marcha de este proyecto.
La detección de cebos envenenados en el medio natural es un delito contemplada en el Cogido Penal, que fija una pena de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses y en cualquier caso la inhabilitación para ejercer el derecho de cazar o pescar de 1 a 3 años.
A esta iniciativa canina antiveneno se han sumado este año, además de Extremadura, Aragón y un parque nacional italiano.
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