Se pide que Interior frene la ley que proscribe las semiautomáticas 3.000 millones de euros de facturación anual. 36.500 puestos de trabajo, directos e indirectos. Cerca de un millón de aficionados; de ellos, 600.000 religiosamente federados en España. Y más de un millón con licencia de armas. La caza es un deporte, pero no es ningún juego.
El peso económico de esta actividad en España no es baladí: representa la quinta mayor aportación al PIB nacional, según datos de la Federación Española de Caza (Fedeca). Y aunque la crisis no se ha olvidado de los cotos, rebajando las grandilocuentes cifras, la actividad cinegética teme ahora un envite más peligroso. Algo que puede suponer «un antes y un después» para el sector. Algo que tiene el Gobierno y su Ministerio de Interior entre manos: la reforma del Reglamento de Armas. El cambio legislativo proyectado inicialmente hace más restrictivo el uso de armas en España. Tanto es así que según los cálculos de la citada organización -”secundada por el resto de organismos especializados-” convertiría de un plumazo en ilegales un 70% de las rifles y escopetas empleados en las cacerías. La mayoría de las semiautomácias quedarían prohibidas por ley y suman alrededor de 700.000 en toda España. Todo un mazazo que pocos entienden y que ha puesto a Interior en el punto de mira del millón de cazadores que verán perder el dinero invertido en armas que ya no podrán utilizar o que tendrán que adaptar, con el consiguiente coste añadido. Hace un mes, el colectivo no descartaba movilizarse de forma tan multitudinaria como ya lo hizo en el 2008 contra la Ley del Plomo. Actualmente, y dando un margen al Gobierno, han optado por armarse de razones para evitar que el cambio legal sea aprobado.
Según Santiago Ballesteros, secretario general de Fedeca, han sido presentados cientos de alegaciones al borrador elaborado por Interior, publicado el pasado mes de diciembre en su web para estupor de muchos. Ahora solo queda esperar. Y las expectativas son tan malas como se esperaba. «No tenemos confirmación oficial, pero creemos que nuestras peticiones van a ser tenidas en cuenta. El Gobierno debe reflexionar tras haber recibido una respuesta tan unánime y contundente del sector», aventura Ballesteros.
Si el Gobierno desoye a los expertos cinegéticos, estos auguran pérdidas económicas catastróficas en la industria armera, el negocio de los cotos y en el bolsillo de los aficionados, con bajas entre estos últimos. ¿Por qué una nueva ley de armas ahora? El argumento de Interior es la obligación de adaptar el reglamento español a una normativa europea. E insisten en que solo se ha publicado un borrador. «Ahora se están recopilando las alegaciones para estudiarlas», informan fuentes del Ministerio. Gracias a que la Federación se adelantó con su campaña en contra del nuevo reglamento quizá el futuro no pinte ahora tan negro como en diciembre.
Alfonso Sánchez Gascón, abogado especializado en caza y aficionado, que presta sus servicios a Fedeca y la Asociación Nacional de Empresarios de Cotos, apunta a que el Gobierno no puede dar ni un argumento con sentido. «El texto anterior ya era malo. Y este lo han hecho aún peor. Las modificaciones de varios artículos no tienen sentido; no se justifican. Ni para la subida de la edad del uso de armas de caza o deportivas ni la limitación de tenencia de rifles ni el tipo de rifles que ya no serán legales-¦ El argumento de la seguridad ciudadana no vale porque hay más muertos por cuchillos de cocina que por armas de caza», concluye Sánchez Gascón. La ley es muy extensa. Pero los artículos polémicos a los que se refiere el abogado son cinco muy concretos. Entre ellos, se encuentra el relativo a las armas semiautomáticas. Estas no podrán portar más de tres cartuchos y su cargador no puede ser ni extraíble ni modificable. Una característica que hoy tienen las armas más extendidas entre los aficionados. Desde la Oficina Nacional de Caza alertan de que esto hará que los cazadores tengan que desprenderse de sus armas. «¿Qué hacen con ellas?», se preguntan. Ni se especifica ni a los especialistas se les ocurre. Su destrucción, una vez depositadas en las comandancias de la Guardia Civil, sería lo más plausible. Pero no se concreta.
En lo económico, apunta Ballesteros, si se calcula que en España existen cerca de 700.000 semiautomáticas, con un coste de 200 euros por arma, «estaríamos hablando del un gasto de 140 millones de euros». Otra de las modificaciones es el número de armas que se pueden tener en propiedad. Ya estaba limitado, pero ahora se suma a la nueva restricción. Antes, los aficionados a la caza mayor podían tener los rifles que quisieran. A partir de ahora, solo podrán tener ocho. Si se tiene en cuenta que un arma de este tipo puede costar entre 2.000 y 10.000 euros, el enfado entre quienes invirtieron en su día está servido. Todos miran hacia Interior. Y por ahora, esperan.
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