Andrés Gutiérrez, presidente de la RFEC, celebró la aprobación del Senado, al que convenció para que diesen luz verde a este proyecto, asegurando que la vuelta a la caza de los lobos en dichas zonas, más que una necesidad, es la opción más “inteligente” para gestionar el aumento de los ejemplares y que, incluso, puede llegar a “generar beneficios” económicos a las administraciones los cuales podrían emplearse para mejorar el medio ambiente.
El presidente de la asociación de cazadores realizó una serie de declaraciones a la agencia Europa Press y dijo que “desde hace mucho tiempo lo hemos estado defendiendo tanto en el Senado como en el Congreso” –en referencia a la petición finalmente aprobada–. Además, la RFEC ha realizado una serie de estudios para probar con datos y números que esta solución podrá evitar una posible super-población de lobos que puedan llegar a dañar a las explotaciones ganaderas.
Este plan de caza, según Andrés Gutiérrez, es la solución a múltiples problemas. En el aspecto económico, las administraciones ya no tendrían que pagar por controlar la población de lobos (una práctica que le cuesta al Estado 12.000 euros por batida), sino que podrían sacar a la venta subastas, que llegarían a los 12.000 o 14.000 euros, para cazar de manera controlada algunos ejemplares y de manera legal. Este dinero pasaría a formar parte de los organismos públicos para que invirtiesen en mejoras ambientales.
Gutiérrez afirmó que Castilla y León y Cantabria son dos comunidades a seguir como ejemplo ya que, en su opinión, elaboran estudios “claros y serios” sobre cuál es el número de ejemplares exacto que se pueden cazar en cada momento.
“Con esto se evitan un montón de problemas mayores, como que algún desalmado ponga veneno, que provoca daños en el medio ambiente y a otras especies que contribuyen a equilibrar las poblaciones. Además de un equilibrio perfecto, el dinero recaudado redunda en la mejora de la biodiversidad” afirmó el presidente de la RFEC.
La intención de la Real Federación Española de Caza es llegar a un modelo que permita a los cazadores llevar a cabo su trabajo –o su afición– de manera controlada y legal, al estar siempre bajo la atenta mirada de un observador perteneciente a la administración autonómica pertinente que es la que otorga, en última instancia, los permisos.
Sin embargo, organizaciones ecologistas como WWF no piensan de la misma manera que la RFEC y calificaron la aprobación de la moción en el Senado para abrir la veda en el sur del Duero, que tuvo lugar el pasado martes 22 de marzo, como “absurda” e “inviable”.
La ONG no le ve el sentido a la aprobación de esta petición porque el Gobierno de España “no puede cambiar la Directiva de Hábitats” que “precisamente” protege la población de lobos al sur del río Duero.
La última palabra la tendrá la Unión Europea, organismo que se encargará de aprobar o no, el cambio en dicha directiva y de la cual dependerá el actual modelo de preservación del lobo en esa zona.
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